Ley de Medios: Clarín sigue la vía judicial y el Gobierno debe definir sobre el resto

Por ANDRÉS SANGUINETTI.
El Grupo Clarín seguirá transitando el camino de los Tribunales para evitar que los postulados de la Ley de Medios lo obliguen a desprenderse de alguna de las empresas que hoy conforman su multimedios.
La estrategia es impulsada por sus abogados y defendida por sus ejecutivos, todos convencidos de que los artículos 161 (de desinversión) y 41 (sobre transferencia de licencias) de la norma votada en octubre de 2009 son inconstitucionales.


De hecho, unos meses después de sancionada la norma el grupo presentó un recurso ante la Justicia contra ambos artículos. Y logró que el juez en lo Civil y Comercial, Edmundo Carbone, y la Cámara de ese fuero hicieran lugar al pedido. Esto fue avalado por la Corte Suprema que ordenó que se fije un plazo razonable de duración de la cautelar. Entonces, la Cámara estableció ese plazo en 36 meses, contados a partir de 2010. Pero el martes la Corte lo redujo en un año. Así, la medida de no innovar sólo podrá regir hasta el 7 de diciembre próximo.


Sin embargo, en Clarín no hablan de desprenderse de algunas de las empresas luego de esa fecha. Ni siquiera si el juez Carbone falla en contra. De ser así, en Clarín ya tienen preparadas las apelaciones ante la Cámara, y si es necesario, ante la Corte. De hecho, ya se descuenta que el máximo tribunal de justicia tendrá la última palabra sobre el futuro de los dos artículos que conforman la columna vertebral de la Ley de Medios. Y esto llevará varios años más de disputa judicial.


Clarín también continuará alegando que la ley no sólo vulnera los derechos constitucionales a la propiedad privada, sino también a la libertad de expresión. Sus abogados explicaron que tanto la cautelar como la demanda de fondo tienen uno de sus ejes principales en la afectación de ese derecho constitucional. En particular, sobre la restricción a la libertad de información que implicaría desarticular medios sustentables económicamente, y el riesgo que terminen dependiendo de la publicidad oficial o de negocios vinculados al Estado, como obras públicas, concesiones o servicios públicos. “Habría mayor control oficial y menos voces independientes”, argumentan los letrados. 


Por eso reconocieron que profundizarán la vía judicial, aunque aclararon que si finalmente la Corte termina siendo el árbitro y falla a favor de Clarín, el resto de los medios alcanzados por la ley no podrán cobijarse a la sombra de esa decisión. Esto, porque la legislación establece que los fallos sobre inconstitucionalidad son individuales. Técnicamente se llama Control de Constitucionalidad Difuso.


Así, el resto de los grupos periodísticos a los que la Ley de Medios también aplica siguen estando a merced del humor del Gobierno. 


De hecho, a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), se había establecido el 28 de diciembre del año pasado como fecha límite para que cumplan con los preceptos de la ley. Sin embargo, nada ha cambiado. En este mapa de medios que deberían desprenderse de activos se encuentran Telefónica; Telecentro, del Grupo Pierri; los medios controlados por Raúl Moneta a través de Rock & Pop; Cristóbal López y su holding C5N. También la dupla Vila-Manzano; Cadena 3; el empresario mexicano González González (Canal 9 y FM Aspen); PRISA; Electroingeniería y el grupo Szpolsky.


(Vía El Cronista 24 de mayo 2012)